La financiación de la Iglesia católica

Sigo sin entenderlo, parece que es más fácil sacar las tropas españolas de Irak que modificar el sistema de finananciación público de la Iglesia católica. Mi incapacidad para comprenderlo no es consecuencia de mis creencias -o no creencias- religiosas, como tampoco lo es de mi orientacción política; es algo mucho más básico: la Constitución española consagra la aconfesionalidad e nuestro Estado.

No quiero remontarme a la España anterior a 1978 -ni a la de enero de 1979, fecha en la que se firmó el Tratado con el Estado Vaticano. Quiero hablar de lo que está ocurriendo en mi país ahora.

A día de hoy, entendería una modificación no revolucionaria de los acuerdos, un ajuste a la baja, un acuerdo que actualizase las normas. Pero no puedo estar satisfecho mientas sigan sin modificarse este tipo de cosas.

De vez en cuando, cuando se busca consuelo, uno acaba encontrando textos como el siguiente, -copio y pego de un estudio elaborado por la Fundación Alternativas-:

"Tal situación supone una quiebra del principio de no discriminación por motivos religiosos, y sobre todo, del principio de laicidad y separación Iglesia-Estado, máxime si tenemos en cuenta que las cantidades recaudadas en razón de la asignación tributaria desde que esta se introdujo en el año 1988 (respecto a las declaraciones en el IRPF de los ingresos de 1987) han sido históricamente siempre inferiores a las efectivamente percibidas por la Iglesia Católica, debido a la percepción mínima que el Estado le ha garantizado hasta nuestros días, que nos obliga más bien a hablar de un modelo de dotación presupuestaria encubierta".

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