Cifras y letras

Supongo que cuando se va a llevar a cabo una reforma educativa el objetivo de todas las partes podría resumirse más o menos así: “en términos de formación, la hija de un inmigrante marroquí que vive en Lavapies debe tener tantas oportunidades de llegar a un puesto de dirección en Telefónica como los hijos de Villalonga”.

Si esto fuese así, el debate giraría en torno a qué camino nos marcamos para llegar a esa meta. Si por mi fuese, la asignatura de religión no existiría; es más, probablemente, acabaría defendiendo la necesidad de que sólo haya colegios públicos.

Comprendería totalmente que los obispos se manifestasen contra una reforma de ese tipo, pero no consigo llegar a entender porqué lo hacen contra esta, contra una ley que mantiene la asignatura de religión y que, evidentemente, no va a acabar con los centros educativos religiosos.

Una Ley de consenso, que se ha elaborado tras 196 reuniones con sindicatos, asociaciones, representantes de la patronal de la enseñanza, asociaciones de padres, estudiantes y titulares de centros; 7 reuniones de la Conferencia Sectorial de Educación, 7 reuniones de la Conferencia General de Educación, 212 actos con presencia de representantes del Ministerio de Educación y Ciencia, 304 documentos de aportaciones y 21471 intervenciones en la página web creada para la ocasión.

Una Ley que se sitúa, exactamente, en el centro democrático y que por eso perdurará. Así lo consideran, por ejemplo, seis sindicatos, (FE-CC.OO., FETE-UGT, CSI-CSIF, ANPE, FE-USO y Federación S.A.), que representan al 80% del profesorado.

Somos muchos los ciudadanos progresistas que consideramos que esta ley no es nuestra ley ideal, pero todos pensamos que si que puede ser la ley de todos los españoles. Esa diferencia, tan importante entre la creencia privada y la búsqueda del interés general, no ha llegado todavía a ser comprendida por los sectores más conservadores de nuestra sociedad. Siguen pensando que hay una ley que debe ser la de todos: su ley ideal.