irá Aznar a la Corte Penal Internacional ?

El ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y tres catedráticos de Derecho Penal estudian la viabilidad de denunciar al ex presidente José María Aznar ante la Corte Penal Internacional por presunto genocidio en Iraq, así como proceder contra los responsables políticos que autorizaron los interrogatorios de policías españoles a presos retenidos en la cárcel de Guantánamo (Cuba), según ha podido saber este diario en fuentes políticas.

Los cuatro expertos comenzaron su trabajo hace dos meses por encargo de IU-ICV, pero sus conclusiones todavía se dilatarán durante un tiempo debido a la dificultad de diseñar ambos procesos jurídicos, añaden las mismas fuentes.

La denuncia contra Aznar ante La Haya es la que entraña más dificultades por cuanto los expertos creen que habría que incluir en la demanda de genocidio y otros crímenes graves al presidente de Estados Unidos, George W. Bush, al primer ministro británico, Tony Blair y al anfitrión de la famosa foto de las Azores, José Manuel Durao Barroso, presidente de la Comisión Europea.

La dificultad de llevar el caso hasta la CPI reside, en especial, en que ni Estados Unidos ni Iraq son países signatarios del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, que entró en vigor el 1 de julio de 2002. Además, este organismo tiene ya elaborado un calendario de asuntos a juzgar, por lo que no podría empezar a tratar la intervención en Iraq hasta finales de 2008 ó el año 2009.

También habrá otro freno, el del Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Fuentes socialistas aseguran que “ni el Gobierno ni el PSOE van a impulsar nada” contra el llamado trío de las Azores, apodo que surge por la foto tomada en esta isla y que simbolizó la luz verde de la invasión de Iraq en 2003. Estas fuentes creen que la denuncia contra Aznar no es viable desde el punto de vista jurídico y coinciden en que habría que incluir a Bush y a Blair en el caso. Además, “a Zapatero no le gusta judicializar la vida política”.

Sin embargo, el secretario de Organización socialista, José Blanco, aseguró ayer en una entrevista que “alguien tiene que pagar las consecuencias de esa decisión y ese horror. Si hay razones y desde el punto de vista del derecho tienen que responder de eso, yo desde luego me apunto a eso". También reclamaron esta demanda Esquerra y la propia IU-ICV, partidos que ya lo han pedido en varias ocasiones.

El PP considera esta eventual demanda como algo “desorbitado” y fuentes de este partido califican de “imposible” que prosperara un caso contra Aznar en La Haya.

La escalada en la que se exige demandar al ex presidente por genocidio está siendo alimentada con motivo del cuarto aniversario de la Guerra de Iraq. Así, El País publicó ayer un artículo de opinión del juez Baltasar Garzón en el que reclama que la “eventual responsabilidad penal” se aborde “sin más dilación”. El eslogan de ‘Aznar, canalla, nos vemos en La Haya’ se coreó en la manifestación del sábado en Madrid. Y al día siguiente, el fiscal jefe de la CPI, el argentino Luis Moreno Ocampo, se mostró dispuesto a juzgar a Bush y Blair, siempre que Iraq y los países árabes reconozcan a este organismo. Además, la relajada imagen de Aznar en Australia durante un premio de Fórmula 1 coincidiendo con el aniversario fue difundida profusamente por los medios de comunicación.

La otra demanda que estudian Jiménez Villarejo y los tres catedráticos de Penal a instancias de IU-ICV es la que tiene más visos de prosperar. Se presentará en España contra los responsables políticos que conocieron y autorizaron los cuatro viajes de funcionarios de la Unidad Central de Información para interrogar a presos retenidos en Guantánamo. A estos interrogatorios asistían también diplomáticos españoles.

Estos viajes a Guantánamo fueron puestos en conocimiento de Garzón y se efectuaron en 2002, 2003 y 2004. Los dos primeros se realizaron bajo responsabilidad del PP, cuando los ministros del Interior eran Mariano Rajoy (hasta julio de 2002) y Ángel Acebes. Al parecer, el último tuvo lugar cuando Zapatero ya había ganado las elecciones y con el objetivo de investigar el 11-M.

El caso fue destapado por el periodista de El País José María Irujo en noviembre de 2006, aunque este medio de comunicación ha dedicado últimamente hasta cinco portadas a tratar la misma noticia, con algunas variaciones.

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